Unidas por Mérida propone la creación de un plan para el fomento del alquiler social como medida para limitar el ascenso de los precios del alquiler y la creación de mecanismos de regulación y control sobre los apartamentos turísticos.
El ascenso de los precios del alquiler y el incremento de los tipos de interés sitúan el acceso a la vivienda como una de las prioridades esenciales de cualquier programa de gobierno.
En ocasiones anteriores, la instauración de este tipo de medidas ha obtenido resultados contrarios a los deseados, puesto que los propietarios de la vivienda se limitaban a trasladar el importe de las ayudas al precio del alquiler. Por ello, la fórmula más adecuada para evitar esta situación se sostiene en la premisa de conceder las ayudas a los arrendatarios que ya hayan acordado el precio el alquiler con el arrendador, y cuyo contrato tenga una antigüedad de al menos un año, y un periodo de vigencia mínimo de tres años.
La concesión de estas ayudas supondría la liberación de una parte del importe que las familias destinan al pago del alquiler que, a partir de la puesta en marcha de esta iniciativa, supondría la posibilidad de dedicar parte de los gastos que anteriormente iban destinados al pago del alquiler a la adquisición o disfrute de otros bienes y servicios.
Así, esta medida supondría un incremento de la capacidad económica de las familias para satisfacer sus necesidades y el consiguiente aumento de la actividad económica mediante el crecimiento del consumo.
Del mismo modo, la creación de un parque municipal de viviendas destinadas a cubrir necesidades en situaciones de emergencia social, se nos presenta como una medida imprescindible para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda en favor de aquellas personas que no disponen de los medios económicos imprescindibles para ello. Una medida que ya ha sido propuesta por nuestro grupo municipal y que contó con el rechazo de la mayoría de los grupos con representación en el pleno durante la legislatura que ha terminado.
En tercer lugar, el incremento de los apartamentos turísticos carece hoy en día de los controles necesarios, como pone de manifiesto la disparidad de los datos sobre esta materia que obran en manos de la administración autonómica y la el registro municipal creado a tales efectos.
La existencia de apartamentos turísticos ilegales, supone una vulneración muy grave de la ley de turismo de nuestra región, así como de otras infracciones en términos fiscales y laborales y de la seguridad social.
La proliferación de apartamentos turísticos ilegales es un hecho incontestable, tal y como puede observarse con la mera comparación entre el número de apartamentos turísticos inscritos en los registros de las diferentes administraciones y el volumen de la oferta que se publica en los distintos sitios web dedicados a la prestación de este tipo de alojamientos.
Desde Unidas por Mérida, entendemos que la falta de control de este tipo de alojamientos, no solo genera una bolsa de economía sumergida en aumento, sino que además produce todo tipo de inconvenientes y problemas de convivencia en muchas comunidades de vecinos de nuestra ciudad, así como una forma de competencia desleal a todas aquellas personas que se dedican profesionalmente al alojamiento turístico, ya fuera a través del alquiler de apartamentos, hoteles y hostales.
