Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) promoverá la concesión de ayudas económicas para facilitar el acceso a la asistencia psicológica y psiquiátrica.

 Los servicios de asistencia para la prevención y tratamiento en materia de salud mental resultan absolutamente insuficientes debido a la desidia de la administración autonómica que, al menos hasta la fecha, no ha introducido la aplicación de los recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población con problemas de salud mental.

 La estigmatización social de las patologías vinculadas con la salud mental se traduce en una incomprensible falta de interés por parte de las administraciones públicas competentes a la hora de dotar a los servicios de salud mental de los recursos humanos y materiales imprescindibles para dar la cobertura necesaria a los problemas de salud mental que sufre una porción cada vez más relevante de la población.

 Ante esta situación, entendemos que el gobierno municipal debe adoptar medidas para intentar paliar estas carencias dentro del régimen de competencias que le atribuye la legislación, por lo que la concesión de ayudas económicas se revela como el instrumento más inmediato, frente a un sistema de salud público que, hasta la fecha, no procura la atención mínima que requieren las personas que padecen este tipo de patologías.

 El régimen de competencias vigente, imposibilita la prestación de este servicio por parte de la administración local, por lo que la concesión de estas ayudas se nos antoja como el único instrumento que el ayuntamiento puede poner a disposición de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, con el propósito de intentar paliar los efectos de la absoluta falta de interés y la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias con respecto a esta problemática.

 En la actualidad, la escasez de medios destinados a la salud mental desde el sistema público de salud resulta, a todos los efectos, como una vulneración del derecho a la salud de los vecinos y vecinas, a los que únicamente se les ofrece una atención psicológica caracterizada por unas listas de espera y una frecuencia en las consultas absolutamente incompatibles con las necesidades de atención que requiere el seguimiento y tratamiento de este tipo de enfermedades.

 Por todo ello, ante la dejadez de las autoridades sanitarias, entendemos que los responsables municipales deben asumir iniciativas que de algún modo intenten reducir los efectos de esta situación, como un ejercicio de responsabilidad ante las necesidades de los vecinas y vecinas de nuestra ciudad que se encuentran indefensos e impotentes ante el coste de atención privada de la salud mental.

 Por ello, desde Unidas por Mérida, nos comprometemos a realizar este tipo de ayudas complementarias hasta el momento en el que el sistema público de salud acometa las medidas necesarias para prestar estos servicios de un modo digno y acorde con los mínimos exigibles que requiere la protección del derecho a la salud.



 

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