Montserrat Girón Abumalham

 Concejala de Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos-AV)

Ayuntamiento de Mérida

Mérida vive un momento decisivo. No porque falte vivienda, sino porque falta acceso, y porque las decisiones públicas están reforzando la lógica mercantil que nos ha llevado al actual bloqueo residencial. El Estudio sobre el Estado de la Vivienda en Mérida 2020–2025, realizado por Unidas por Mérida, lo confirma: la ciudad apenas crece —de 59.548 habitantes en 2020 a 60.947 en 2025—, pierde población joven, envejece aceleradamente y acumula más de 4.150 viviendas vacías mientras los precios continúan al alza.

Mérida no se vacía, pero tampoco despega. El problema es claro: las generaciones jóvenes tienen difícil acceso a una vivienda estable, y el parque residencial presenta desequilibrios profundos que solo la acción pública puede corregir.

Entre 2011 y 2021, las viviendas pasaron de 28.992 a 31.358, un aumento del 8,2%. Sin embargo, en la misma década las viviendas vacías superan las 5.000, las viviendas principales permanecen estancadas y la presión de la demanda dispara los precios: la compra ha pasado de 783 €/m² en 2020 a 1.094 €/m² en 2025, y el alquiler de 5,1 €/m² a 6,7 €/m².

El parque residencial está sobredimensionado en determinados tamaños —las viviendas de 76–90 m² son las más frecuentes, con 8.743 unidades— pero es vulnerable en accesibilidad: solo el 16% de los edificios es accesible y apenas el 23% dispone de ascensor, en una ciudad donde el 27,6% de la población supera los 60 años.

El 82% de las viviendas es de propiedad particular, pero un 38% soporta hipoteca y un 12% está en alquiler. Como consecuencia, más del 70% de las personas entre 31 y 45 años viven endeudadas o en alquiler. Es irreal pedir a la juventud que se independice si debe dedicar hasta el 40% de su sueldo al alquiler. Es inasumible pedir estabilidad familiar si el acceso a un hogar depende del azar del mercado o de asumir hipotecas cada vez más largas. Mientras tanto, la natalidad cae y el crecimiento vegetativo es negativo desde 2020.

La vivienda es política demográfica. Y el mercado, por sí solo, no solucionará el problema en Mérida.

En este escenario, lo lógico sería que el Ayuntamiento protegiera el suelo público, ampliara vivienda asequible y regulase el mercado para favorecer el acceso. Se trata de sacar a los jóvenes de la lógica mercantil en su primera vivienda y ofrecerles oportunidades reales de arraigo. Sin embargo, el anuncio municipal de octubre de 2025 va en dirección contraria: una promoción de 136 viviendas “protegidas” cuyo modelo de gestión beneficia directamente al constructor y no a quienes necesitan vivienda.

La letra grande del anuncio decía “Vivienda protegida”. La letra pequeña decía:

• Que el Ayuntamiento ha cedido todo el suelo residencial disponible al promotor.

• Que las viviendas se venderán a 1.812,5 €/m², más de 800 €/m² por encima del precio medio de mercado.

Difícil imaginar una “protección” más generosa… para el constructor. Y también para los bancos, porque ¿quién puede pagar 145.000 € por 80 m² sin endeudarse?

Esto no es un fallo técnico, sino una decisión política: convertir el patrimonio común en un subsidio a la rentabilidad privada. Mérida no necesita más ladrillo caro: necesita política valiente. Por eso es urgente abrir un debate distinto: la vivienda como derecho, no como inversión.
El estudio permite extraer varias conclusiones claras:

• Mérida tiene vivienda suficiente.

• Gran parte del parque está envejecido y es poco accesible.

• La demanda juvenil está desatendida.

• Las economías familiares medias no soportan los precios actuales.

Desde Unidas por Mérida planteamos cinco claves para un nuevo modelo de vivienda:

1. Limitar la especulación desde lo local
El Ayuntamiento puede declararse zona tensionada y aplicar medidas para regular precios y frenar la acumulación especulativa. Las más de 4.150 viviendas vacías registradas en 2025 no son solo un dato: son un síntoma de desregulación.

2. Rehabilitar y activar viviendas vacías y antiguas
El parque previo a 1970 presenta un deterioro notable —368 edificios en estado “deficiente”—. Mérida necesita un plan municipal ambicioso de rehabilitación, con incentivos y también penalizaciones a la vivienda ociosa que inmoviliza el acceso, contribuyendo al alza de precios.

3. Crear un parque de vivienda asequible, con fomento y protección del alquiler
La ciudad puede financiar un modelo social estable si opta por una fiscalidad justa sobre las rentas inmobiliarias de grandes tenedores. Con ello se puede generar un fondo municipal de vivienda asequible destinado al alquiler protegido, a la mediación y a ayudas para jóvenes.

4. Proteger al inquilinato
En un mercado tensionado se necesita estabilidad: contratos más largos, inspecciones, limitación de subidas abusivas y un servicio municipal de mediación previo a cualquier desahucio. Los datos muestran que quienes más sufren la inestabilidad son jóvenes y familias con ingresos limitados.

5. Impulsar cooperativas de cesión de uso y vivienda no especulativa
El nuevo PGM reserva suelo público suficiente para impulsar lotes destinados a cooperativas. Esto permite
desligar el precio del suelo del mercado y generar vivienda asequible, estable y de propiedad colectiva. Es un modelo alternativo probado en muchas ciudades europeas.

El papel del PSOE local —y de la izquierda en su conjunto— debería orientarse hacia este cambio de modelo. El Ayuntamiento tiene competencias en urbanismo, suelo, fiscalidad y ordenanzas para liderar una transformación real. Podría convertir Mérida en una referencia nacional de vivienda no especulativa. Pero, en lugar de intervenir, ha aceptado la lógica del mercado, dejando que las dinámicas demográficas y económicas consoliden una ciudad expulsiva, envejecida y desigual.

Desde Unidas por Mérida afirmamos, con los datos del estudio en la mano, que Mérida no es una ciudad en crisis, pero sí en un punto de inflexión. La política de vivienda será decisiva para que la ciudad siga siendo hogar. La vivienda no puede seguir tratándose como un bien de lujo. Debe ser un derecho: que alquilar o comprar no cueste la vida. La vivienda es el lugar donde una ciudad decide su futuro, y Mérida lo tendrá si defiende la vivienda como derecho, no como mercancía.

Todos y todas unidas por UNA CASA, UN DERECHO, NUESTRO FUTURO.