Fran Medina Cruz
Cuando la gestión de la seguridad es supeditada a decisiones que emanan de esferas que no comprenden la idiosincrasia ni las especificidades de una región, se genera un desequilibrio estructural que erosiona cualquier iniciativa local de seguridad. Esto no solo agrava la inseguridad, sino que mina la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales, que ven cómo sus esfuerzos se ven neutralizados por la imposición de políticas nacionales alejadas de la realidad local. Y así se representa por un aumento del índice de la criminalidad como se demuestra en el último informe relacionado a ello para la capital de Extremadura..
Los territorios dentro de un mismo país suelen presentar realidades heterogéneas. Ciudades grandes enfrentan problemas de violencia urbana, mientras que las zonas rurales pueden sufrir el impacto de la delincuencia organizada o conflictos relacionados con el acceso a recursos naturales. Sin embargo, cuando el gobierno central asume la gestión de la seguridad con una visión única y homogénea, se ignoran estas particularidades, generando respuestas inadecuadas. Por ejemplo, un plan diseñado para reducir la delincuencia en una metrópoli puede ser completamente ineficaz, e incluso contraproducente, en una comunidad rural que enfrenta amenazas de otro tipo, como el narcotráfico o la inmigración ilegal.
La ausencia de un plan estratégico a nivel local es uno de los principales factores que contribuyen a este desequilibrio. Las administraciones locales, que son las que mejor conocen las necesidades y problemáticas de su población, a menudo se ven obligadas a implementar medidas dictadas desde el gobierno central, las cuales pueden estar desfasadas o mal adaptadas a las circunstancias locales. Esto ocurre especialmente cuando los gobiernos locales carecen de la capacidad técnica o de los recursos económicos para desarrollar sus propios planes de seguridad. En lugar de proponer alternativas ajustadas a sus realidades, optan por seguir directrices impuestas desde el centro del poder, sacrificando la autonomía en aras de recibir apoyo financiero o evitar sanciones políticas. El resultado es un círculo vicioso en el que las políticas de seguridad no responden a las necesidades locales, perpetuando el problema. Lo que me temo que está sucediendo actualmente.
Además, la falta de un plan estratégico coherente y adaptado genera respuestas reactivas y cortoplacistas ante las crisis de seguridad. Los gobiernos locales, al no tener autonomía real para diseñar políticas de seguridad propias, se ven en la necesidad de actuar de manera improvisada, sin un diagnóstico profundo de las causas de la inseguridad ni de los actores que la fomentan. En muchos casos, los gobiernos locales se ven presionados a ceder ante las exigencias del gobierno central. Este tipo de sumisión no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que debilita el tejido institucional a nivel local. Los líderes locales, en lugar de representar y defender los intereses de su comunidad, se ven atrapados en una dinámica de subordinación política que favorece la implementación de políticas que no son eficaces. Esta relación desigual impide que los territorios puedan experimentar con soluciones innovadoras o adoptar enfoques más preventivos y sostenibles que podrían dar mejores resultados en el mediano y largo plazo.
Aquí es donde se demuestra que para que un gobierno local tenga total autonomía de gestión y por lo tanto eficacia en su implementación, es necesario que éste esté diseñado por gestores políticos no dependientes de la vida política nacional. Un equipo de gobierno local para una entidad ciudadana local.
