Óscar Fernández Moruno
Concejal de Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos)
Ayuntamiento de Mérida
¿Cómo desviar la recaudación de impuestos y cómo desviar el suministro de energía generada de Extremadura a Madrid?
Un poco de historia reciente. En 1981 comenzaba a funcionar la Central Nuclear de Almaraz. Las movilizaciones en contra de la misma, habían sido numerosas antes y durante su puesta en funcionamiento, por parte de organizaciones sociales, ecologistas, políticas como PCE, y posteriormente Izquierda Unida, y por ciertos sectores empresariales de la comarca que percibían los grandes riesgos contra sus propios intereses económicos.
En el año 2017, Izquierda Unida Mérida registraba una moción en la corporación municipal, con la intención de que el Consistorio emeritense instase al Gobierno estatal y regional a rechazar la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz y a la prolongación de la vida útil de dicha central.
Las iniciativas en el parlamento regional, por parte de los grupos de izquierda y ecologista, Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, y Unidas por Extremadura, contra su prolongación han sido constantes a lo largo de esas décadas.
Recordemos, que el permiso de explotación de los dos reactores, Almaraz I, y Almaraz II, se iba acercando a su fin, en 2021 y 2022, respectivamente. La sociedad civil, organizaciones sociales, políticas, ecologistas de ambos lados de “la raya”, el movimiento antinuclear de España y de Portugal se movilizaba y se manifestaba, en ciudades extremeñas y en Madrid a lo largo de los años 2017 y 2018, en respuesta a la “campaña pro ampliación y continuidad explotación”, del lobby empresarial de las energéticas propietarias de varias centrales nucleares de España (Hiberdrola, Endesa, Naturgy) y de algunas organizaciones políticas y empresariales de la región, con la ayuda de expresidentes del gobierno de la nación y del gobierno autonómico..
Se salieron con la suya y se prolongó la “vida útil”, de los dos reactores, hasta noviembre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente. El proceso complejo de desmantelamiento tendrá lugar durante 2040 y 2041, y el “cierre definitivo”, entre 2050 y 2051. Los riesgos asociados a las centrales nucleares siguen en aumento, no sólo por los más evidentes de fugas radiactivas, sino por los peligros asociados a los residuos generados.
Desde las organizaciones que luchamos contra la prolongación de la central nuclear, recordamos el “enorme” historial de “irregularidades” y “fallos del funcionamiento” de la central que acumula más de 50 incidentes, y, recordamos una y otra vez, que se ha sobrepasado el tiempo de uso previsto en su diseño.
El ex presidente del Gobierno de España, que hacía loby a favor de las nucleares, cuando trabajaba para Gas Natural (ahora Naturgy), solía tener muchas entrevistas en las televisiones de ámbito nacional defendiéndolas, pero tuvo un tiempo de “descanso”, desde marzo de 2011, “accidente nuclear de Fukushima”.
La estrategia general de estas campañas a favor de la prolongación y de “no cerrar Almaraz”, no ha cambiado mucho desde sus orígenes. Se juega con el interés general, pervirtiendo las legítimas expectativas y necesidades de la población de la comarca cacereña de Campo Arañuelo, y de toda la región, por los intereses de estas empresas.
Desde siempre, las organizaciones que nos comprometemos en estas campañas, en contra de la central nuclear, y de su prolongación, hemos defendido que se debe diseñar Plan Reactivación económica para las comarcas afectadas. Pero no sólo elaborar los diseños de planes en sí, que “haberlos haylos”, y “el papel lo aguanta casi todo”, sino que ya tenía que haberse puesto en práctica algunas iniciativas para ir paliando la pérdida de ingresos que puede conllevar para las administraciones locales el cierre de la central no afecte de forma negativa a sus habitantes.
En el momento actual, años 2024 y 2025, se vuelve a lanzar una campaña a favor de la prolongación -de otra prolongación más y con más riesgos- pero los matices han variado. Actualmente, el Partido Popular de Extremadura, y sus “aliados” en el gobierno autonómico, quieren utilizar esa prolongación como un arma arrojadiza contra el gobierno de coalición de España, y pretenden que la “fiesta le salga gratis” a la patronal de la central nuclear, a costa del resto de contribuyentes. Pero lo más curioso, es que las energéticas propietarias de la central nuclear no están muy interesadas ahora mismo.
Este regalo de bonificación fiscal a las propietarias que quiere hacerle el PP de Extremadura, el de Madrid, es ya rizar mucho el rizo de la “irresponsabilidad” política, y seguir aumentando la insolidaridad y los desequilibrios entre las comunidades autónomas “ricas” (en este caso Madrid), y las “empobrecidas” (en este caso Extremadura). Bajarles impuestos a los grandes propietarios, para después pedir más inversiones e infraestructuras, y al tiempo acabar subiéndonos impuestos a “la plebe”. Así se las gastan las fuerzas políticas y empresariales que juegan con la demagogia fiscal de “bajar impuestos”, que, por cierto, no está recogida en la Constitución Española.
Además, seguir aumentando esta brecha colonialista que supone el desvío de los impuestos y el desvío de la propia energía generada de Extremadura a Madrid.
