NOTA DE PRENSA


La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura exige la dimisión con carácter inmediato de la Consejera de Educación, del Secretario General de dicha Consejería, del Secretario General de Educación y de la Directora General de Personal Docente, por la nefasta gestión llevada a cabo en los últimos meses al frente de la misma. Si dichas dimisiones no se produjeran en un corto plazo de tiempo instamos al Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al cese de todos los cargos arriba mencionados.

Desde nuestra Federación queremos manifestar el profundo malestar y rechazo que nos producen las decisiones que se han venido adoptando desde inicio de curso y, en especial, en las últimas semanas, sin la más mínima voluntad de negociación con los legítimos representantes de los trabajadores en las mesas. Llevamos desde septiembre insistiendo a la Consejería de Educación sobre la necesidad de retomar la senda del diálogo y el consenso para alcanzar acuerdos, no siendo posible pese a nuestra insistencia.

La gestión de la crisis sanitaria por parte de la Consejería ha sido un caos desde el principio, se han adoptado medidas tarde y mal, se han comunicado peor aún. La semana pasada desde CCOO presentamos una contrapropuesta de negociación para la Fase II similar a la aprobada por consenso entre el Gobierno de la Rioja (PSOE) y algunas fuerzas sindicales de aquella región, entre ellas CCOO. Es un acuerdo que establece con carácter general que la vuelta a los centros educativos será en septiembre, que la atención presencial al alumnado antes de final de curso será muy limitada y solo por prescripción de los propios docentes. Solicitamos insistentemente durante toda la semana pasada la convocatoria de una Mesa para negociar la propuesta, no ha habido ocasión y de nuevo la Consejería ha impuesto su criterio. ¿Qué razones pueden justificar que un acuerdo válido para el Gobierno socialista de La Rioja ni siquiera haya sido sometido a debate por el Gobierno socialista de Extremadura?

Volvemos a insistir, la Consejería de Educación no ha hecho aún nada para adecuar los centros educativos extremeños a la nueva realidad que estamos viviendo y ha trasladado su responsabilidad a los equipos directivos de los centros educativos. Con su inacción está poniendo en riesgo la salud de sus propios trabajadores, del alumnado y, por extensión, de las familias, porque aún existe un riesgo real de contagio de Covid-19 que no se puede ignorar.

De la misma manera que ignoran los riesgos reales de una vuelta precipitada a los centros y hacen dejación de sus propias responsabilidades, ignoran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, el de Educación (ambos dirigidos por el PSOE) y otras muchas instituciones, respecto de la necesidad de reducir las ratios a 15 alumnos por aula a partir de septiembre. La Consejería de Educación ha emprendido, de nuevo sin negociación ni consenso alguno, el camino opuesto, instando a los centros educativos extremeños a que vayan al máximo de ratios legales permitidas. Es decir, las aulas extremeñas a partir de septiembre, en vez de 15, tendrán más de 30 alumnos. ¿Cómo pretende la Consejería mantener las distancias de seguridad de dos metros en aulas abarrotadas de alumnos y alumnas.

Detrás de estas y otras muchas medidas adoptadas en los últimos meses hay una realidad de la que la Consejería no habla, está en quiebra, no tiene dinero, desde antes de la crisis sanitaria. Todas sus decisiones pasadas y presentes se explican por esta razón. ¿En qué lo han gastado? Lo desconocemos. Los recortes de personal (cerca de 600 de los actuales docentes no trabajarán a partir de septiembre), y la congelación salarial que acaban de anunciar, se explican por una pésima gestión económica.

Es gravísimo que para justificar todas estas medidas se esté utilizando la excusa del Covid-19. La Consejería no ha pagado aún a los docentes que participaron como tribunales en junio pasado, no ha pagado todavía a los/as docentes que vienen realizando itinerancias entre diferentes centros escolares durante todo el curso, acaba de abonar solo una parte de las cantidades que debe a los centros escolares en concepto de gastos de funcionamiento, pagos a los que no había hecho frente desde septiembre y que ahora acomete solo para que cada centro pueda comprar el material higiénico sanitario de urgencia para comenzar a funcionar. La gestión es un despropósito.

Todos estos recortes, siendo graves de por sí, lo son más en la situación actual. No hay previsión de qué hacer el curso que viene, no se ha adoptado ni una sola medida en ese sentido, faltando al respeto a toda la comunidad educativa extremeña. A las familias al exponer a sus hijos a un riesgo cierto de contagio por el hacinamiento planificado, a los profesionales a los que no se va a contratar el próximo curso ignorando cualquier criterio pedagógico, a los docentes que verán empeorar sus condiciones laborales al tener que hacer frente a una mayor carga de trabajo, al alumnado más vulnerables que va a sufrir la reducción de desdobles y de atención individualizada y al sistema educativo público de nuestra región que una vez tras otra recibe las acometidas de los poderes políticos, gobierne quien gobierne. Los recortes que ahora plantea para la educación extremeña el PSOE fueron los mismos que criticó cuando gobernaba el PP de Monago.

Ha llegado el momento de asumir responsabilidades y dejar paso a un nuevo equipo que ponga en marcha las políticas para las que se les votó y que apueste de verdad por la enseñanza pública.

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