Y agotará todas las vías jurídicas nacionales e internacionales en defensa del interés general de la región


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La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha explicado que la Junta de Extremadura presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo relativa al complejo Marina Isla de Valdecañas, basándose en el principio de tutela judicial efectiva.


Pilar Blanco-Morales ha mostrado el respeto del Gobierno extremeño tanto por la sentencia como por todas las partes implicadas en este caso y, especialmente, por las personas que viven en el entorno de la isla de Valdecañas, “que son la verdadera garantía de la preservación del medio ambiente” en la zona. Asimismo, ha asegurado que si fuera necesario se recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para salvaguardar el interés general de Extremadura.

“Estamos ante un dilema constitucional de tutela judicial efectiva”, según ha explicado la vicepresidenta, porque hay aspectos que la sentencia del Supremo desconoce o ignora “y que incluso a las partes recurrentes parece que no les interesa ni les motiva”. Lo que la Junta de Extremadura defiende “por encima de todo”, ha proseguido, es que se puede conciliar “desarrollo económico, lucha contra el reto demográfico y protección del medioambiente”, pero ha de hacerse “de manera justa y efectiva”.

La vicepresidenta ha afirmado que el Ejecutivo regional conoció la sentencia “insólitamente” por vías extraprocesales y considera que existen fundados elementos para recurrirla.

La posición de la Junta de Extremadura en este caso ante el Tribunal Constitucional se sustentará en la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva como pilar fundamental del Estado de Derecho que consagra la Constitución y que completan los tratados internacionales.

La tutela judicial efectiva obliga a pedir una aclaración en derecho, porque el tribunal tendrá que dilucidar “por qué para restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida, y se fundamenta en motivos medioambientales, ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger”, según ha explicado Pilar Blanco-Morales.

La Junta de Extremadura discrepa respetuosamente de la solución dada por el Tribunal Supremo, ha indicado la vicepresidenta, en el sentido en que “las sentencias, además de aplicar la legalidad estricta, deben ser efectivas, no pueden ser contraproducentes, no pueden desconocer el bien jurídico que pretenden salvaguardar, en este caso la protección del medio ambiente”.

La sentencia del Supremo “desprecia la mejora palmaria del medio ambiente que se ha producido en la zona”, que existe gracias a la intervención humana, porque antes no existía la isla de Valdecañas, según ha destacado Blanco-Morales, quien ha recordado que se trata de “una creación de la actividad humana”, que primero trajo riqueza con la construcción del embalse “y que después con el complejo ha traído mayores posibilidades de desarrollo, creando un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente”.

La vicepresidenta ha indicado que la Junta de Extremadura agotará todas las vías de recurso y opciones procesales nacionales e internacionales para encontrar una solución que “concilie, de manera justa y efectiva, el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medio ambiente en Valdecañas”.

La titular de Hacienda ha destacado que el Gobierno extremeño actúa movido por el interés general y, por ello, tiene la obligación de agotar todas las vías para conciliar todos los intereses legítimos en juego y encontrar un punto de equilibrio que permita luchar contra la despoblación y preservar al mismo tiempo el medio ambiente, “algo con lo que siempre hemos estado comprometidos”, ha concluido.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública ya ha solicitado su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar a los representantes parlamentarios sobre esta cuestión.

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