“Lo que sufren, día a día, los discapacitados y sus familiares”

publicado en: AGUSTÍN PLAZA | 0
Comparte esta noticia...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Agustín Plaza Aguado


Hemos asistido estos días al debate sobre el Estado de la Región , descubriendo con sorpresa la gran importancia que los lideres políticos han dado al mundo de la discapacidad, pero tranquilos , no voy a hablar del debate , voy a intentar que este espacio mensual , sirva en este caso para que en lo sucesivo algunos políticos entiendan mejor algunos de los problemas que los discapacitados y sus familiares sufren día a día, en concreto, en los casos en los que se hace necesaria la incapacitacion judicial del enfermo, aprovechando que la concienciación política parece ser que se ha despertado en unos casos y se ha incrementado en otros .

La herramienta más importante que tienen los políticos es la capacidad de crear y modificar leyes , pues desde este espacio quiero solicitar que lean la legislación que afecta a este colectivo , y contribuyan a mejorarla, ya que como consecuencia del incremento de la esperanza de vida y la mayor afectación de enfermedades neurodegenerativas, lamentablemente cada vez más familias se ven inmersas en esta problemática , lo que obliga en muchos casos a incapacitar judicialmente al enfermo y nombrar un tutor, y ahí es donde se concentran un cúmulo de despropósitos que provocan situaciones que suponen que la puesta en práctica de la ley acaba perjudicando al discapacitado y a su entorno .

Por intentar concretar situaciones , una persona incapacitada judicialmente , que por medio de su tutor intente vender un bien sea de su propiedad total o parcialmente , solicitará al juzgado autorización para la venta, acción totalmente lógica y garantista para los intereses del incapacitado , pues bien, ahí empieza el calvario y la sinrazón , el juez exige a la familia presentar una demanda de jurisdicción voluntaria con nombramiento de abogado y procurador , o lo que es lo mismo , abrir un procedimiento judicial que más allá del coste judicial ,que si no se consigue justicia gratuita , es superior, en este caso, a varios meses de ingresos del discapacitado, a lo que hay que añadir tasaciones y peritaciones técnicas, unido todo a la famosa y sufrida agilidad que caracteriza a la justicia de este país, la resolución judicial se lleva de 7 a 10 meses , con suerte , lo que dificulta la venta pues pone al limite la paciencia del comprador ,y el bolsillo del discapacitado, y no piensen que esto es solo para ventas de elevado importe , da igual que estemos hablando de un huerto o de un bloque entero de viviendas , y es igual que el tutelado tenga el 1% o el 100%.como pueden ver esto no es defender los intereses del discapacitado ni de su familia ,ni de su tutor, pero no piensen que la ley es así para casos de enajenación de bienes ,La exigencia de los juzgados es idéntica si en vez de vender , se trata de aceptar una herencia o cualquier otra acción de alcance económico , lamentablemente los tiempos de respuesta también son igual de lentos, a estas actuaciones hay que añadir la obligación del tutor de presentación en el juzgado de todos los movimientos anuales de las cuentas, con desglose de ingresos y gastos.

Así pues a la principal obligación del tutor y de la familia que es la de velar por la salud y el bienestar, del discapacitado, con cantidad de visitas a distintos médicos, fisioterapeutas, etc… se le añaden las derivadas de la incompetencia de la administración , que exclusivamente da importancia a los temas económicos.

Es obvio que los intereses de las personas con incapacitacion deben tener una protección por parte del Estado, también lo es que su vulnerabilidad ha llevado a muchos abusos y estafas, por ello la regulación jurídica debe ser obligatoria, pero el legislador, esto es, los responsables políticos , supuestamente conocedores del mundo de la discapacidad, así como del auténtico caos judicial de este país, están obligados a corregir este cúmulo de despropósitos , y para ello además de eliminar la exigencia de abogado y procurador para algunos procedimientos , y para todos los que supongan cuantías pequeñas, obligue al poder judicial a contestar en plazos razonables ( nunca superiores a 60 días ) .

Ahora que la discapacidad parece tener más minutos en los parlamentos , no deberían quedarse sólo en palabras , es el momento para que los partidos políticos se pongan de acuerdo en mejorar la ley , y sobretodo evitar que el poder judicial con su pésima gestión y manifiesta incompetencia siga haciendo de España un país cada día peor , perjudicando despiadadamente a un colectivo que bastante tiene con buscar la mejor calidad de vida posible .

Dejar una opinión