NOTA DE PRENSA PP MERIDA
«El socialista pretendía utilizar a la JEZ para impedir la difusión del material que pudo escuchar toda España y en el que amenazaba a empleados públicos del Ayuntamiento»
«Osuna creía que podría manejar a la Junta Electoral como si fuera su propio cortijo, igual que hace Sánchez con las instituciones del Estado»
«A Osuna no le gusta que se hable de sus prácticas mafiosas en el Ayuntamiento, pero la verdad siempre se impone»
La Junta Electoral de Zona de Mérida acordó en el día de ayer desestimar la denuncia formulada por el alcalde socialista de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, contra el candidato del Partido Popular, Santi Amaro, con la que pretendía impedir la difusión del material audiovisual en el que amenazaba a empleados públicos del Ayuntamiento y que fue recogido por la casi totalidad de medios de comunicación del país.
Un material que pudo escuchar toda España tras hacerse público el pasado mes de abril y que es de dominio público, en el que, además de amenazar a empleados públicos municipales para que renunciaran a sus derechos laborales, aseguraba haber enchufado a “compañeros del partido de toda la vida” y ofrecía opciones para trabajar en el Ayuntamiento saltándose a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
Unas grabaciones que resultaron un auténtico escándalo y que supusieron un bochorno para todos los emeritenses, ya que todos los medios de comunicación nacionales repicaron en bucle y que, de ser cierto lo que se decía, podría ser constitutivas de delito.
En dichas grabaciones, el alcalde socialista de Mérida supuestamente amenazaba a un extrabajador municipal asegurando que “el que denuncie al ayuntamiento no vuelve a trabajar aquí en su vida ni de alguacil”, algo que abochornó a los ciudadanos de Mérida ya que dejó a las claras que Rodríguez Osuna consideraba el consistorio como su propio cortijo particular.
También, en dichas grabaciones, el propio Rodríguez Osuna reconocía haber enchufado a “compañeros del partido de toda la vida”, lo que supondría haber violado la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, saltándose a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Además, el propio Osuna, en dichas grabaciones, reconocía que había “mil fórmulas para entrar en el ayuntamiento” orientando al interlocutor a darse de alta “como autónomo y sacar un contrato”, algo que supondría una violación de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la necesidad de definición previa de las necesidades del consistorio y la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
En definitiva, unos hechos muy graves, que salieron a la luz pública y que fueron objeto de un bochorno a nivel nacional para la ciudad de Mérida y que ahora, el alcalde socialista ha tratado de impedir denunciando su difusión ante la Junta Electoral, intentando utilizar a dicho órgano como su propio cortijo, y cuya denuncia ha sido finalmente desestimada.
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