El Ejecutivo regional ha acordado realizar, con tramitación de emergencia, la ejecución inmediata de contrato de servicio de mantenimiento integral y gestión técnica de las instalaciones administrativas Mérida III Milenio, por importe de 412.906 euros.
El servicio de mantenimiento integral llevado a cabo por la empresa Ingemont Tecnologías SA, comenzó a sufrir incumplimientos en la ejecución a partir de la última semana de julio, cuando la empresa mantenedora de los ascensores y subcontrata de la adjudicataria comunica el término de sus relaciones comerciales.
Ello supone un incumplimiento de una obligación principal del contrato, dado el carácter estratégico para la seguridad, habitabilidad y confortabilidad para usuarios e incurre así en sucesivas propuestas de penalidades: disfunciones en la prestación principal, impagos salariales a los trabajadores, falta de pago a proveedores, etc.
Por todo ello, en septiembre de 2023 se acuerda el inicio de resolución de contrato frente al que la adjudicataria no presenta alegaciones en tiempo y forma, y se inician las actuaciones preparatorias para un nuevo contrato de mantenimiento que se tramita por procedimiento de emergencia.
Se trata del mantenimiento del complejo administrativo Mérida III Milenio en los estrictos términos de asegurar la prestación del servicio para evitar graves riesgos para trabajadores y usuarios de la Administración
El precio del contrato se ha realizado teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, que se fija en 149.735 euros para 2023 y 263.170 euros para 2024.
Por otro lado, el Gobierno regional también ha autorizado proceder a la resolución del contrato de servicio del mantenimiento integral y gestión técnica de las instalaciones administrativas Mérida III Milenio, incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio, por incumplimiento culpable de la empresa.
Por ello, se procede a la incautación de la garantía constituida por importe de 24.857 euros como indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la Administración, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
